LA NACIÓN, Miércoles 27 de agosto de 2008Por Claudio Leiva, enviado especial / La Nación
Sorpresiva visita del ministro del Interior a zona del conflicto mapuche
Pérez Yoma: “Hay grupos extremistas en IX Región”
Jefe de gabinete llegó junto al director de la Agencia Nacional de Inteligencia y visitó el fundo de Eduardo Luchsinger. También se reunió con la intendenta, gobernadores y jefes policiales, pero no accedió a un encuentro con representantes de la comunidad de Temu Cui Cui.
Dirigentes de la comunidad Temu Cui Cui esperaron en vano al ministro Pérez Yoma en el frontis de la Intendencia de la IX Región.
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, afirmó ayer que hay integrantes de grupos extremistas detrás de los hechos de violencia registrados en los últimos días en la IX Región de la Araucanía.Aseguró que estos subversivos son ex miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y del Mapu Lautaro.
En breves declaraciones antes de regresar a la capital, luego de una visita relámpago a la zona del conflicto mapuche, el jefe de gabinete dijo que "hay ex frentistas, ex Lautaro (...) algunos que están agrupados en torno a la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) y se han constituido en una agrupación que está produciendo muchos problemas".
VISITA PRIVADA
Durante su visita "privada", el secretario de Estado estuvo acompañado por el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos.
Ambos se entrevistaron con la intendenta, Nora Barrientos; los gobernadores de Cautín, Andrés Jouannet, y de Malleco, Rubén Quilapi. Antes de regresar el ministro también se reunió con los jefes policiales de la zona para impartirles instrucciones de como acerca del manejo del conflicto.
Paralelamente a la visita del ministro, representantes del Comercio Agricola del Sur se reunieron con los agricultores de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO) y de la multigremial de la Araucanía -que incluye el comercio, hoteleros y camioneros, entre otros- para debatir sobre los últimos hechos de violencia.
Ambos se entrevistaron con la intendenta, Nora Barrientos; los gobernadores de Cautín, Andrés Jouannet, y de Malleco, Rubén Quilapi. Antes de regresar el ministro también se reunió con los jefes policiales de la zona para impartirles instrucciones de como acerca del manejo del conflicto.
Paralelamente a la visita del ministro, representantes del Comercio Agricola del Sur se reunieron con los agricultores de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO) y de la multigremial de la Araucanía -que incluye el comercio, hoteleros y camioneros, entre otros- para debatir sobre los últimos hechos de violencia.
DECEPCIÓN MAPUCHE
Los werkenes de Temu Cui Cui también intentaron reunirse con el ministro Pérez Yoma, pero el secretario de Estado no los recibió.
Los representantes de esa comunidad ubicada en Ercilla, a 100 kilómetros al norte de Temuco, lo esperaron en vano en la Intendencia de la IX Región. Pretendían entregarle una carta en la que dan su opinión respecto de los últimos hechos de violencia en la zona.
Sin embargo, el jefe de gabinete sólo visitó el Fundo Santa Rosa, del agricultor Eduardo Luchsinger, en la comuna de Vilcún, predio que fue incendiado por encapuchados el 17 de agosto pasado.
Después de que uno de los asesores de la intendenta, René Bravo, les informara que ninguna autoridad los recibiría, los representantes mapuches se retiraron decepcionados y molestos desde el frontis de la sede del gobierno regional, aunque sin provocar desórdenes.
Aucán Huilcamán, histórico dirigente del Consejo de Todas las Tierras, afirmó que "Pérez Yoma ha venido a reafirmar la línea represiva en contra de los mapuches y ha actuado de manera parcial, porque ha recibido al senador Espina, a representantes de los agricultores y sin embargo no nos recibe a nosotros".
El werkén Walter Tori, de Temu Cui Cui, indicó que "queríamos pedirle que cesen los operativos y que se respete a los niños y a las mujeres, que son los más afectados por los allanamientos masivos de los carabineros".
ESPINA AGITADOR
Según los dirigentes mapuches, "el senador Alberto Espina se ha convertido en el agitador de la violencia en la IX Región, muchos de los agricultores agrupados en la SOFO han participado en actos de usurpación de tierras y los camioneros están diciendo que se van a armar".
"Exigimos que el ministro del Interior presente querella contra los camioneros de Los Ángeles y Temuco, porque han hecho apología de la violencia de manera pública. Y si no lo hace esta semana, la próxima presentaremos nosotros una querella", afirmaron.
El werkén Jorge Huenchullán, por su parte, informó que de la próxima semana recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el patrocinio del ex juez Juan Guzmán, para denunciar los abusos policiales y gubernamentales.
Finalmente, los dirigentes mapuches presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco para detener la represión de Carabineros en Temu Cui Cui.
Pugna entre werkenes de Temu Cui Cui”
El werkén Jorge Huenchullán respondió ayer a las críticas del lonko de Temu Cui Cui, Juan Catrillanca, quien lo acusó de no representar a esa comunidad y de dividirla entre violentistas y moderados, en el proceso de recuperación de tierras en la comuna de Ercilla.
Los representantes de esa comunidad ubicada en Ercilla, a 100 kilómetros al norte de Temuco, lo esperaron en vano en la Intendencia de la IX Región. Pretendían entregarle una carta en la que dan su opinión respecto de los últimos hechos de violencia en la zona.
Sin embargo, el jefe de gabinete sólo visitó el Fundo Santa Rosa, del agricultor Eduardo Luchsinger, en la comuna de Vilcún, predio que fue incendiado por encapuchados el 17 de agosto pasado.
Después de que uno de los asesores de la intendenta, René Bravo, les informara que ninguna autoridad los recibiría, los representantes mapuches se retiraron decepcionados y molestos desde el frontis de la sede del gobierno regional, aunque sin provocar desórdenes.
Aucán Huilcamán, histórico dirigente del Consejo de Todas las Tierras, afirmó que "Pérez Yoma ha venido a reafirmar la línea represiva en contra de los mapuches y ha actuado de manera parcial, porque ha recibido al senador Espina, a representantes de los agricultores y sin embargo no nos recibe a nosotros".
El werkén Walter Tori, de Temu Cui Cui, indicó que "queríamos pedirle que cesen los operativos y que se respete a los niños y a las mujeres, que son los más afectados por los allanamientos masivos de los carabineros".
ESPINA AGITADORSegún los dirigentes mapuches, "el senador Alberto Espina se ha convertido en el agitador de la violencia en la IX Región, muchos de los agricultores agrupados en la SOFO han participado en actos de usurpación de tierras y los camioneros están diciendo que se van a armar".
"Exigimos que el ministro del Interior presente querella contra los camioneros de Los Ángeles y Temuco, porque han hecho apología de la violencia de manera pública. Y si no lo hace esta semana, la próxima presentaremos nosotros una querella", afirmaron.
El werkén Jorge Huenchullán, por su parte, informó que de la próxima semana recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el patrocinio del ex juez Juan Guzmán, para denunciar los abusos policiales y gubernamentales.
Finalmente, los dirigentes mapuches presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco para detener la represión de Carabineros en Temu Cui Cui.
Pugna entre werkenes de Temu Cui Cui”
El werkén Jorge Huenchullán respondió ayer a las críticas del lonko de Temu Cui Cui, Juan Catrillanca, quien lo acusó de no representar a esa comunidad y de dividirla entre violentistas y moderados, en el proceso de recuperación de tierras en la comuna de Ercilla.
-El lonko Juan Catrillanca dice que usted se autodesignó werkén.
-Eso es mentira. Nosotros como comunidad sabemos nuestro ordenamiento y forma de trabajar. Nosotros hemos llevado el proceso de recuperación de tierras. Catrillanca no lo ha hecho y nunca ha defendido a sus peñis que han estado en la cárcel. Nunca se ha pronunciado por los allanamientos. Si él es una autoridad cultural dentro de la comunidad, por lo mismo debería defender a su gente y no lo ha hecho.
-¿Están divididos entre los que favorecen los métodos violentos para recuperar las tierras y los que no?
- Aquí no hay métodos violentos, aquí hay una forma de defenderse, nada más. Si Catrillanca ha dejado el proceso de recuperación de tierras y nosotros seguimos trabajando, eso no significa ser violento. Eso significa defender un derecho que legítimamente nos corresponde.
-También están amparando prófugos.
-Consideramos que un mapuche que lucha por la tierra ancestral y sus derechos no es una persona peligrosa para la sociedad. Por lo mismo, no debe pasar en la cárcel. No hay fugitivos, sino mapuches que han luchado y reclamado sus derechos.
LA NACIÓN, Domingo 31 de agosto de 2008
Por Claudio Leiva / La Nación Domingo
Estudio devela el historial de los fundos de la familia Luchsinger
Por Claudio Leiva / La Nación Domingo
Estudio devela el historial de los fundos de la familia Luchsinger
El origen de las tierras en conflicto
Un trabajo del historiador Martín Correa señala que Adán Luchsinger Martí y sus hijos no sólo compraron terrenos que habían sido arrebatados a los mapuches en Vilcún. También acusa que corrieron deslindes y cobraron en suelos las deudas que los comuneros adquirían en la pulpería de los patrones.
Los fundos de la familia Luchsinger en Vilcún, cinco en total, se remontan a 1906, cuando el colono suizo Adán Luchsinger Martí compró 60 humildes hectáreas a un inmigrante alemán. Más de cien años después, las tierras del clan en esa zona suman 1.200 hectáreas, las que son reclamadas por las comunidades mapuches vecinas.
Son los mismos predios donde murió baleado el joven Matías Catrileo. Porque ni en los agitados años de la Unidad Popular esta familia había visto peligrar, como ahora, sus extensas propiedades. El último atentado al fundo Santa Rosa motivó que, por primera vez en cien años, un ministro del Interior visitara a este clan.
¿Cómo llegó esta familia a Chile? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Es cierto que usurpó las tierras, como reclaman las comunidades mapuches aledañas? El historiador Martín Correa Cabrera, investigador del Observatorio de los Derechos Indígenas, hoy Observatorio Ciudadano, publicó este año un estudio sobre los inicios de los Luchsinger en Chile y su relación con los mapuches.
Jorge Luchsinger, dueño del Santa Margarita, ha repetido una y otra vez que los campos de la familia están "saneados, oleados y sacramentados", y que ellos dan trabajo a los mapuches vecinos, con quienes no tendrían conflictos, porque los "agitadores son foráneos". En su investigación, Correa aporta antecedentes distintos.
El clan desciende de Adán Luchsinger Martí, quien nació el 22 de noviembre de 1868 en la ciudad de Engi, cantón suizo de Glarus. Llegó a Chile en 1883 y, antes de Vilcún, se asentó en Quechereguas, actual comuna de Traiguén, 70 kilómetros al norte de Temuco. El 10 de mayo de 1893 se casó con la inmigrante alemana Margaretha Rüff Studer.
Al igual que cientos de otros colonos italianos, franceses, suizos y alemanes, Adán Luchsinger fue "enganchado" en Europa por la Agencia de Colonización. Arribó a Talcahuano, puerta de entrada a la "Mesopotamia" de América del Sur. Con ese nombre se difundía en el viejo continente, en aquella época, a la recién pacificada Araucanía.
En Quechereguas, Adán Luchsinger recibió una concesión territorial de 60 hectáreas del fisco chileno, más una yunta de bueyes, una vaca parida, semillas y madera, entre otros bienes. En esta sencilla hijuela nacieron sus hijos Conrado, Enrique, Carlos y Melchor. En 1906, la familia Luchsinger se trasladó a Vilcún, a 20 kilómetros al oriente de Temuco.
Ese año, Adán compró 60 hectáreas al colono alemán Emilio Quepe y, según consta en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco (CBRT), a partir de 1909 el patriarca del clan no paró de adquirir terrenos, hasta totalizar más de mil hectáreas. A su muerte, en 1936, la herencia se dividió entre los cuatro hijos.
De acuerdo al Registro de Propiedades del CBRT, en la actualidad los descendientes de estos cuatro vástagos tienen cinco predios: el mencionado fundo Santa Margarita, de Jorge Luchsinger Villiger; el fundo Santa Rosa Lote 1, de Rodolfo Luchsinger Schiferli; el fundo Santa Rosa Lote 2, de Enrique Luchsinger Schiferli; el fundo Santa Rosa, de Eduardo Luchsinger Schiferli, y otro fundo Santa Rosa, también a nombre de Enrique Luchsinger Schiferli.
También de 1908 y 1909 datan los títulos de merced concedidos a las diez comunidades mapuches de Vilcún que rodean los terrenos de los Luchsinger. Se trata de numerosas familias que han denunciado una historia de despojos y usurpaciones, primero de parte del Gobierno chileno de esa época, y a manos de los Luchsinger después.
En efecto, tras la "pacificación", el fisco consideró que los terrenos de los mapuches sin trabajar eran sitios baldíos y los requisó. Si las comunidades acreditaban la posesión de su tierra por el tiempo que la ley exigía, se podían quedar en la "reducción" o "reserva". En eso consistía el título de merced, en un terreno reducido y reservado para indígenas.
En cambio, a las familias de colonos europeos el Estado chileno les entregaba hijuelas de 70 cuadras, más otras 30 por cada hijo varón mayor de 10 años. También recibían los pasajes gratis hasta Chile, tablas, clavos, una yunta de bueyes, una vaca con cría, arado, carreta, máquina destroncadora, pensión mensual durante un año y asistencia médica por dos.
Aquí está la raíz del problema, según el historiador Martín Correa: "Mientras a los mapuches se les castiga y reduce por carecer de medios de trabajo, a los colonos el Estado chileno los apoya, subvenciona y les entrega medios de trabajo".
El problema, asegura, se agravó cuando los colonos demarcaron los terrenos con líneas rectas. Las posesiones mapuches explica Correa siempre se han deslindado a través de accidentes naturales, como ríos, quebradas y alturas máximas. En cambio, las líneas rectas dibujadas en un plano poco o nada tienen que ver con la ocupación real y efectiva de un terreno. De ahí, entonces, las denuncias que recogió el investigador acerca de deslindes corridos "a la mala".
El comunero Moisés Quidel entregó a Correa un relato que viene de sus abuelos: "Antes estaba Adán Luchsinger, Conrado después... La cosa es que antiguamente había poca gente y cerco no había; entonces, como ellos eran de plata hicieron cercos y marcaban donde se les antojaba no más, ¿Y qué iban a hacer los peñis, si no había medios? Y después que cercaron llegó la mensura, hicieron todos los documentos".
Quidel también le contó que Conrado Luchsinger "se instaló con una pulpería y los viejos decían que fue tanto el proceso de reducción, fue tan violento el proceso de poscolonización, que hubo gente que quedó totalmente empobrecida, quedó sin tierras, sin animales, les quitaron todos sus sembrados y ya no podían sembrar nada".
"Entonces, los peñis antiguos prosigue el relato iban a buscar harina para sobrevivir, trigo, sobre todo en las épocas de noviembre y diciembre, de grandes hambrunas. Mucha gente murió de hambre, y ahí Conrado Luchsinger abría libretas y la gente iba hipotecando sus corderos, sus animalitos y sus tierras. Y cuando llegaba la época [de cobrar] salía con carabineros, corría los cercos y así fue ampliando sus tierras, cobrando toda la plata de las deudas de la gente que compraba para sobrevivir. Al tiempo, él llegaba: ‘Tanto me debe usted, y como no tiene con qué pagarme, me paga en tierra’. Eso lo hacía en todas las comunidades".
Jorge Luchsinger, hijo de Conrado, contó en una entrevista a la revista "Qué Pasa" que "nosotros teníamos una pulpería en el fundo. Cada sábado la gente pedía, se le anotaba en el libro y a fin de mes se le hacía la liquidación y se le pagaba el saldo. Empezaron a decir que cobrábamos mucho por la mercadería, que no eran productos de calidad. Después reclamaban que la comida que les dábamos era mala, que tenía gusanos. Tiraban los platos al piso. Fueron las primeras protestas".
Con estas "primeras protestas", el hijo de Conrado Luchsinger se refería a los años de Eduardo Frei Montalva y la reforma agraria, entre 1964 y 1970. Si bien a ninguno de los Luchsinger se les expropiaron terrenos, Jorge devolvió "voluntariamente" algunas tierras a los mapuches. Éstos dicen que fueron pedazos de cuatro o seis hectáreas, nada importante.
Sin embargo, las demandas territoriales tuvieron un gran auge en el Gobierno de Salvador Allende. En 1971, después de cuatro juicios, Jorge Luchsinger debió restituir 56 hectáreas a las comunidades Pedro Tori, Juan Cuyanao, Antonio Canío y Santos Marihueque.
Después del golpe de 1973, muchos latifundistas aprovecharon de "pasar la cuenta" a los activistas de sus fundos, aunque en esos convulsionados años las demandas mapuches no eran de raza. Hay detenidos desaparecidos de ese pueblo, pero las familias de las víctimas no hicieron gestiones judiciales o de otro tipo. Según el Informe Rettig, las causas de esta pasividad pueden haber sido el temor, el desconocimiento de cómo proceder, y una fundamental desconfianza en las instituciones del Estado.
Como sea, la familia Luchsinger estuvo tranquila hasta 1999, cuando la organización Ayjarewe Wenteche, de Truf Truf, sector ubicado al sur del fundo Santa Margarita, protagonizó la primera ocupación permanente de ese predio. Luego, en 2000, vinieron los atentados incendiarios, y a partir de 2005, el predio cuenta con vigilancia permanente de carabineros.
La investigación de Martín Correa también estableció que sí hay una reclamación por las tierras de los Luchsinger. Ellos insistían en que no había una demanda territorial. Sin embargo, en un catastro de la Conadi (http://www.conadi.cl/documentos_fondotierras/en%20proceso%20060507.pdf) aparece la comunidad Antonio Caniu en proceso de reclamación del fundo Santa Margarita.
El informe de Correa termina con otro mentís a la supuesta buena relación de los Luchsinger con sus vecinos mapuches. Se trata de un canal de tres metros de ancho por tres de profundidad que Jorge Luchsinger construyó en parte del perímetro de su predio. Tiene casi cinco kilómetros de largo y, según el agricultor, lo hizo para defenderse, porque "no me quedó otra alternativa".
Los mapuches están indignados. "Hizo un tremendo canal con máquina, ¿y qué no se muere ahí? Vacunos, un caballo se nos cayó, conejos, todo cae ahí. Y la veta de agua la rompió en la parte de arriba, nos dejó secos, y en esta parte de acá nos inunda (...)", señalan los comuneros que colindan con el fundo Santa Margarita.
"Es un tremendo daño agregan , echó abajo todo el bosque nativo, había como dos mil hualles grandes, arrasó con todo; así que ése sí que es un gran destructor. En ese canal se llega a caer uno en tiempo de invierno, lleno de agua, hasta ahí no más llega. Pa’l 18 [de septiembre] se cayó uno, Antonio Namuncura, murió ese hombre (...) No vamos a decir que es un gringo buena persona (...) Además, eso que dice de que da trabajo, más de cinco trabajadores no tendrá. ¿Y cuánto les paga? Una miseria. Entonces, él en la televisión lo cuenta bonito, en la prensa, pero no es así". //LND.
LA NACIÓN, Domingo 31 de agosto de 2008Los fundos de la familia Luchsinger en Vilcún, cinco en total, se remontan a 1906, cuando el colono suizo Adán Luchsinger Martí compró 60 humildes hectáreas a un inmigrante alemán. Más de cien años después, las tierras del clan en esa zona suman 1.200 hectáreas, las que son reclamadas por las comunidades mapuches vecinas.
Son los mismos predios donde murió baleado el joven Matías Catrileo. Porque ni en los agitados años de la Unidad Popular esta familia había visto peligrar, como ahora, sus extensas propiedades. El último atentado al fundo Santa Rosa motivó que, por primera vez en cien años, un ministro del Interior visitara a este clan.
¿Cómo llegó esta familia a Chile? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Es cierto que usurpó las tierras, como reclaman las comunidades mapuches aledañas? El historiador Martín Correa Cabrera, investigador del Observatorio de los Derechos Indígenas, hoy Observatorio Ciudadano, publicó este año un estudio sobre los inicios de los Luchsinger en Chile y su relación con los mapuches.
Jorge Luchsinger, dueño del Santa Margarita, ha repetido una y otra vez que los campos de la familia están "saneados, oleados y sacramentados", y que ellos dan trabajo a los mapuches vecinos, con quienes no tendrían conflictos, porque los "agitadores son foráneos". En su investigación, Correa aporta antecedentes distintos.
El primer Luchsinger
El clan desciende de Adán Luchsinger Martí, quien nació el 22 de noviembre de 1868 en la ciudad de Engi, cantón suizo de Glarus. Llegó a Chile en 1883 y, antes de Vilcún, se asentó en Quechereguas, actual comuna de Traiguén, 70 kilómetros al norte de Temuco. El 10 de mayo de 1893 se casó con la inmigrante alemana Margaretha Rüff Studer.
Al igual que cientos de otros colonos italianos, franceses, suizos y alemanes, Adán Luchsinger fue "enganchado" en Europa por la Agencia de Colonización. Arribó a Talcahuano, puerta de entrada a la "Mesopotamia" de América del Sur. Con ese nombre se difundía en el viejo continente, en aquella época, a la recién pacificada Araucanía.
En Quechereguas, Adán Luchsinger recibió una concesión territorial de 60 hectáreas del fisco chileno, más una yunta de bueyes, una vaca parida, semillas y madera, entre otros bienes. En esta sencilla hijuela nacieron sus hijos Conrado, Enrique, Carlos y Melchor. En 1906, la familia Luchsinger se trasladó a Vilcún, a 20 kilómetros al oriente de Temuco.
Ese año, Adán compró 60 hectáreas al colono alemán Emilio Quepe y, según consta en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco (CBRT), a partir de 1909 el patriarca del clan no paró de adquirir terrenos, hasta totalizar más de mil hectáreas. A su muerte, en 1936, la herencia se dividió entre los cuatro hijos.
De acuerdo al Registro de Propiedades del CBRT, en la actualidad los descendientes de estos cuatro vástagos tienen cinco predios: el mencionado fundo Santa Margarita, de Jorge Luchsinger Villiger; el fundo Santa Rosa Lote 1, de Rodolfo Luchsinger Schiferli; el fundo Santa Rosa Lote 2, de Enrique Luchsinger Schiferli; el fundo Santa Rosa, de Eduardo Luchsinger Schiferli, y otro fundo Santa Rosa, también a nombre de Enrique Luchsinger Schiferli.
Castigo a los mapuches
También de 1908 y 1909 datan los títulos de merced concedidos a las diez comunidades mapuches de Vilcún que rodean los terrenos de los Luchsinger. Se trata de numerosas familias que han denunciado una historia de despojos y usurpaciones, primero de parte del Gobierno chileno de esa época, y a manos de los Luchsinger después.
En efecto, tras la "pacificación", el fisco consideró que los terrenos de los mapuches sin trabajar eran sitios baldíos y los requisó. Si las comunidades acreditaban la posesión de su tierra por el tiempo que la ley exigía, se podían quedar en la "reducción" o "reserva". En eso consistía el título de merced, en un terreno reducido y reservado para indígenas.
En cambio, a las familias de colonos europeos el Estado chileno les entregaba hijuelas de 70 cuadras, más otras 30 por cada hijo varón mayor de 10 años. También recibían los pasajes gratis hasta Chile, tablas, clavos, una yunta de bueyes, una vaca con cría, arado, carreta, máquina destroncadora, pensión mensual durante un año y asistencia médica por dos.
Aquí está la raíz del problema, según el historiador Martín Correa: "Mientras a los mapuches se les castiga y reduce por carecer de medios de trabajo, a los colonos el Estado chileno los apoya, subvenciona y les entrega medios de trabajo".
El problema, asegura, se agravó cuando los colonos demarcaron los terrenos con líneas rectas. Las posesiones mapuches explica Correa siempre se han deslindado a través de accidentes naturales, como ríos, quebradas y alturas máximas. En cambio, las líneas rectas dibujadas en un plano poco o nada tienen que ver con la ocupación real y efectiva de un terreno. De ahí, entonces, las denuncias que recogió el investigador acerca de deslindes corridos "a la mala".
Hora de cobrar
El comunero Moisés Quidel entregó a Correa un relato que viene de sus abuelos: "Antes estaba Adán Luchsinger, Conrado después... La cosa es que antiguamente había poca gente y cerco no había; entonces, como ellos eran de plata hicieron cercos y marcaban donde se les antojaba no más, ¿Y qué iban a hacer los peñis, si no había medios? Y después que cercaron llegó la mensura, hicieron todos los documentos".
Quidel también le contó que Conrado Luchsinger "se instaló con una pulpería y los viejos decían que fue tanto el proceso de reducción, fue tan violento el proceso de poscolonización, que hubo gente que quedó totalmente empobrecida, quedó sin tierras, sin animales, les quitaron todos sus sembrados y ya no podían sembrar nada".
"Entonces, los peñis antiguos prosigue el relato iban a buscar harina para sobrevivir, trigo, sobre todo en las épocas de noviembre y diciembre, de grandes hambrunas. Mucha gente murió de hambre, y ahí Conrado Luchsinger abría libretas y la gente iba hipotecando sus corderos, sus animalitos y sus tierras. Y cuando llegaba la época [de cobrar] salía con carabineros, corría los cercos y así fue ampliando sus tierras, cobrando toda la plata de las deudas de la gente que compraba para sobrevivir. Al tiempo, él llegaba: ‘Tanto me debe usted, y como no tiene con qué pagarme, me paga en tierra’. Eso lo hacía en todas las comunidades".
Jorge Luchsinger, hijo de Conrado, contó en una entrevista a la revista "Qué Pasa" que "nosotros teníamos una pulpería en el fundo. Cada sábado la gente pedía, se le anotaba en el libro y a fin de mes se le hacía la liquidación y se le pagaba el saldo. Empezaron a decir que cobrábamos mucho por la mercadería, que no eran productos de calidad. Después reclamaban que la comida que les dábamos era mala, que tenía gusanos. Tiraban los platos al piso. Fueron las primeras protestas".
Devolución de tierras
Con estas "primeras protestas", el hijo de Conrado Luchsinger se refería a los años de Eduardo Frei Montalva y la reforma agraria, entre 1964 y 1970. Si bien a ninguno de los Luchsinger se les expropiaron terrenos, Jorge devolvió "voluntariamente" algunas tierras a los mapuches. Éstos dicen que fueron pedazos de cuatro o seis hectáreas, nada importante.
Sin embargo, las demandas territoriales tuvieron un gran auge en el Gobierno de Salvador Allende. En 1971, después de cuatro juicios, Jorge Luchsinger debió restituir 56 hectáreas a las comunidades Pedro Tori, Juan Cuyanao, Antonio Canío y Santos Marihueque.
Después del golpe de 1973, muchos latifundistas aprovecharon de "pasar la cuenta" a los activistas de sus fundos, aunque en esos convulsionados años las demandas mapuches no eran de raza. Hay detenidos desaparecidos de ese pueblo, pero las familias de las víctimas no hicieron gestiones judiciales o de otro tipo. Según el Informe Rettig, las causas de esta pasividad pueden haber sido el temor, el desconocimiento de cómo proceder, y una fundamental desconfianza en las instituciones del Estado.
Como sea, la familia Luchsinger estuvo tranquila hasta 1999, cuando la organización Ayjarewe Wenteche, de Truf Truf, sector ubicado al sur del fundo Santa Margarita, protagonizó la primera ocupación permanente de ese predio. Luego, en 2000, vinieron los atentados incendiarios, y a partir de 2005, el predio cuenta con vigilancia permanente de carabineros.
Demanda en Conadi
La investigación de Martín Correa también estableció que sí hay una reclamación por las tierras de los Luchsinger. Ellos insistían en que no había una demanda territorial. Sin embargo, en un catastro de la Conadi (http://www.conadi.cl/documentos_fondotierras/en%20proceso%20060507.pdf) aparece la comunidad Antonio Caniu en proceso de reclamación del fundo Santa Margarita.
El informe de Correa termina con otro mentís a la supuesta buena relación de los Luchsinger con sus vecinos mapuches. Se trata de un canal de tres metros de ancho por tres de profundidad que Jorge Luchsinger construyó en parte del perímetro de su predio. Tiene casi cinco kilómetros de largo y, según el agricultor, lo hizo para defenderse, porque "no me quedó otra alternativa".
Los mapuches están indignados. "Hizo un tremendo canal con máquina, ¿y qué no se muere ahí? Vacunos, un caballo se nos cayó, conejos, todo cae ahí. Y la veta de agua la rompió en la parte de arriba, nos dejó secos, y en esta parte de acá nos inunda (...)", señalan los comuneros que colindan con el fundo Santa Margarita.
"Es un tremendo daño agregan , echó abajo todo el bosque nativo, había como dos mil hualles grandes, arrasó con todo; así que ése sí que es un gran destructor. En ese canal se llega a caer uno en tiempo de invierno, lleno de agua, hasta ahí no más llega. Pa’l 18 [de septiembre] se cayó uno, Antonio Namuncura, murió ese hombre (...) No vamos a decir que es un gringo buena persona (...) Además, eso que dice de que da trabajo, más de cinco trabajadores no tendrá. ¿Y cuánto les paga? Una miseria. Entonces, él en la televisión lo cuenta bonito, en la prensa, pero no es así". //LND.
Por Libio Pérez / La Nación Domingo
José Aylwin,1 del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
“Los gobiernos democráticos no han escuchado al pueblo mapuche”
Torturas y violencia en allanamientos policiales a comunidades mapuches denuncia el abogado José Aylwin, quien también reprocha al ministro del Interior su interés por complacer a los empresarios agrícolas y jamás interesarse por las violaciones de los derechos humanos de los indígenas. Habla pausado pero con fuerza para decir que los pueblos indígenas sufren un permanente maltrato, que sus derechos son atropellados y que se está generando un espiral de violencia que el Estado tiene la obligación de frenar. Para esto, el codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, demanda que las autoridades establezcan un marco jurídico de reconocimiento a los pueblos originarios, promoción de sus derechos, desarrollo, cultura y autodeterminación, así como el respeto a la dignidad de éstos.
Este abogado de la Universidad de Chile, como su padre, el ex Presidente Patricio Aylwin, acusa a los gobiernos de la Concertación de doble estándar en el desarrollo de sus políticas hacia los pueblos indígenas, porque genera programas y entidades para enfrentar sus problemas, pero finalmente optan por privilegiar las inversiones privadas que desplazan y empobrecen a las comunidades al sur del Biobío.
Durante diez años, en tiempos de la dictadura, José Aylwin trabajó en la Comisión Chilena de Defensa de los Derechos Humanos, por eso cuando habla de detenciones ilegales, violencia policial y torturas sabe a qué se refiere. Vive cercano a las comunidades y denuncia que el más reciente allanamiento policial en Ercilla fue hecho con violencia contra los hogares de diez familias y con una orden judicial que nadie vio. Pero también le preocupa y condena las acciones de violencia que producen los comuneros, pero se las explica.
La Araucanía vive un nuevo episodio de tensión, ataques a agricultores, allanamientos policiales a comunidades mapuches, denuncias de atropellos. ¿Qué está sucediendo realmente?
Cada cierto tiempo en esta región ocurren hechos de violencia en el marco de conflictos interétnicos que aquí han existido desde hace mucho tiempo y que ha sido mal llamado "el conflicto mapuche", porque siempre una disputa tiene más de una parte. Este es un conflicto histórico que ha alcanzado mayor intensidad desde 1997 en adelante y tiene que ver con la protesta social mapuche, que mayoritariamente se ejerce de forma pacífica, a través de la organización y del ejercicio del derecho de petición. A veces esta protesta se expresa en acciones de fuerza.
¿Qué cambió en 1997 que hizo crecer la protesta mapuche?
El hecho detonante fue la intervención por parte del Gobierno de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena [Conadi], un órgano que fue pensado como de cogestión de la política pública entre los pueblos indígenas y el Gobierno. En 1997 Conadi tenía que pronunciarse sobre las permutas de tierras por la central Ralco y el Ejecutivo intervino el consejo, cambiando al director y modificando las mayorías. Esto coincide con la proliferación de proyectos de inversión o lo que llamamos la expansión de la economía global hacia los territorios indígenas, ricos en recursos naturales, que en el caso de los territorios mapuches se expresan en proyectos forestales o hidroeléctricos.
¿Y esto generó la protesta social mapuche?
A lo anterior se agrega un hecho de fuerza que se produjo en Lumaco, en contra de camiones de una empresa forestal. Estos dos factores, la exclusión que produce el Gobierno de la gestión en Conadi y la expansión de la economía global impuesta a territorios indígenas, sin consultas y participación, generan un descontento que determina la marginación de gran parte del movimiento mapuche, el que a su vez inicia una estrategia de protesta social, la que se ha manifestado en forma pacífica, pero que en ocasiones también ha desarrollado acciones de fuerza. Éstas, sin embargo, en lo fundamental son contra propiedades.
Las quemas de casas patronales, establos, vehículos
Sí, y estas acciones de fuerza han sido perseguidas por el Estado, judicialmente, y en particular durante el Gobierno de Lagos con la aplicación de la Ley Antiterrorista, con lo que una decena de dirigentes mapuches fueron encarcelados y juzgados. También fueron perseguidas a través de la represión policial, cotidiana y permanente. Nosotros y otros organismos hemos documentado allanamientos de comunidades, acciones de fuerza contra mujeres y niños, aplicación de torturas y en dos casos hubo acciones que terminaron con la muerte de dos comuneros, de las que son responsables agentes del Estado, carabineros en ambas ocasiones. Se trata de los casos de Alex Lemún, el 2001, y Matías Catrileo, en enero de este año.
¿Y esos casos de atropellos que denuncian los conoce el Gobierno?
Llama la atención la pasividad que han tenido los gobiernos bajo los cuales han sucedido estos hechos. No han atendido estas denuncias. Es inexplicable que la propia Presidenta Bachelet no haya escuchado las denuncias del pueblo mapuche que apuntan hacia agentes del Estado. Incluso el ministro del Interior llegó a negar la recepción de denuncias de hechos sucedidos en Ercilla en febrero, cuando documentamos casos que, a la luz del derecho internacional, pueden calificarse de torturas. No logro entender por qué un Gobierno democrático no pone atención a estos atropellos, pero cuando las denuncias de ataques a la propiedad provienen de empresarios agrícolas y sus parlamentarios, son atendidas de inmediato. Al punto que el propio ministro Edmundo Pérez Yoma vino hasta la zona a conversar con ellos. Desde que trabajamos en el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, nunca una autoridad del rango del ministro del Interior ha venido a la región a atender las denuncias por torturas, allanamientos sin órdenes judiciales o la muerte de personas.
¿Y en tribunales?
Los casos han sido llevados a la justicia. Pero los delitos cometidos por agentes policiales son investigados por la justicia militar. Esto es muy grave, según los organismos internacionales, que han pedido que esto sea reformado. Pero las reformas que están en el Congreso, aunque insuficientes, no han avanzado. Los casos denunciados por torturas han sido sobreseídos, no han determinado responsabilidades. El caso de la muerte de Alex Lemún fue sobreseído y el carabinero que disparó sigue en servicio activo. El carabinero que disparó y mató a Matías Catrileo está procesado, pero está en libertad y en servicio activo. Esto genera impunidad, que es otra forma de violencia.
El senador RN Alberto Espina, por ejemplo, dice que en la Araucanía actúan grupos paraguerrilleros, con estructura de mando, uniformados y armados. El propio ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dijo acá en Temuco que operan "subversivos"
Me llama la atención la reacción de los empresarios agrícolas y de los parlamentarios que los representan, y cómo se hace eco el Gobierno al entender esto como si fuera sólo un problema de seguridad y policial. Se trata de un problema de relaciones interétnicas, de política pública, de reconocimiento y ejercicio de derechos. Las imputaciones de que el movimiento indígena realiza acciones terroristas, que tiene estructura paramilitar, vínculos con ETA, las FARC, Lautaro, los zapatistas, incluso Al Qaeda, no han sido demostradas. Pero cada cierto tiempo están en el discurso del senador Espina y representantes del empresariado.
Pero ha habido hechos de violencia
Sí, pero han afectado principalmente al pueblo mapuche, con los allanamientos, los casos de torturas e incluso muerte. Pero sobre todo ha afectado al pueblo mapuche por la privación de sus tierras ancestrales por parte de empresarios agrícolas y ahora de sus recursos naturales por empresas forestales; ellos imponen sus proyectos de inversión sin consultas y sin participación en los beneficios. Eso genera violencia. La expansión de actividades agrícolas sobre territorios que ancestralmente pertenecieron al pueblo mapuche reconocidos en títulos de merced primero, luego en la reforma agraria es una forma de violencia que cotidianamente viven las comunidades.
Pero muchos dicen que esos proyectos traen desarrollo y empleo
La forestación en más de dos millones de hectáreas al sur del Biobío, con especies de rápido crecimiento, ha generado un impacto devastador en el pueblo mapuche. La economía forestal es avasalladora porque expulsa a la población, porque no requiere una gran cantidad de mano de obra y además produce impactos ambientales de proporciones que han sido negados. Donde se ha implantado la forestación con especies exóticas hay éxodo de población, la que va a parar a las ciudades y localidades urbanas donde se concentra la mayor pobreza del país. Si esto no es violencia, ¿qué es?
La forestal es una de las actividades de punta de la economía chilena
El Estado ha hecho la opción de avalar y expandir la economía global hacia los territorios indígenas. Esto no es diferente a lo que ocurre en el norte con los pueblos andinos, donde la minería se ha apropiado de las aguas ancestrales y también ha producido desplazamiento de indígenas hacia la costa. El Estado ha tenido una política dual hacia los pueblos indígenas: quiere resolver los problemas históricos, pero busca insertar esos territorios en la economía global.
¿Cómo se manifiesta esa dualidad?
Chile se inserta en la economía mundial con la exportación de recursos naturales, los que están principalmente en territorios indígenas. La minería que está en territorios ancestrales de los pueblos andinos, la forestación que se desarrolla al sur del Biobío; asimismo, en la salmonicultura, donde habitan los mapuches huilliches. También ahora con las hidroeléctricas con aguas dentro de territorios indígenas desde el Biobío al sur. Cada vez que el Gobierno tiene que tomar una decisión entre el respeto a los derechos indígenas y los planes de inversión de las empresas, termina privilegiando la opción de la economía global. Y es ahí donde surge la protesta social, que tiene como respuesta la represión, los allanamientos, la tortura y la criminalización. //LND
Este abogado de la Universidad de Chile, como su padre, el ex Presidente Patricio Aylwin, acusa a los gobiernos de la Concertación de doble estándar en el desarrollo de sus políticas hacia los pueblos indígenas, porque genera programas y entidades para enfrentar sus problemas, pero finalmente optan por privilegiar las inversiones privadas que desplazan y empobrecen a las comunidades al sur del Biobío.
Durante diez años, en tiempos de la dictadura, José Aylwin trabajó en la Comisión Chilena de Defensa de los Derechos Humanos, por eso cuando habla de detenciones ilegales, violencia policial y torturas sabe a qué se refiere. Vive cercano a las comunidades y denuncia que el más reciente allanamiento policial en Ercilla fue hecho con violencia contra los hogares de diez familias y con una orden judicial que nadie vio. Pero también le preocupa y condena las acciones de violencia que producen los comuneros, pero se las explica.
La Araucanía vive un nuevo episodio de tensión, ataques a agricultores, allanamientos policiales a comunidades mapuches, denuncias de atropellos. ¿Qué está sucediendo realmente?
Cada cierto tiempo en esta región ocurren hechos de violencia en el marco de conflictos interétnicos que aquí han existido desde hace mucho tiempo y que ha sido mal llamado "el conflicto mapuche", porque siempre una disputa tiene más de una parte. Este es un conflicto histórico que ha alcanzado mayor intensidad desde 1997 en adelante y tiene que ver con la protesta social mapuche, que mayoritariamente se ejerce de forma pacífica, a través de la organización y del ejercicio del derecho de petición. A veces esta protesta se expresa en acciones de fuerza.
¿Qué cambió en 1997 que hizo crecer la protesta mapuche?
El hecho detonante fue la intervención por parte del Gobierno de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena [Conadi], un órgano que fue pensado como de cogestión de la política pública entre los pueblos indígenas y el Gobierno. En 1997 Conadi tenía que pronunciarse sobre las permutas de tierras por la central Ralco y el Ejecutivo intervino el consejo, cambiando al director y modificando las mayorías. Esto coincide con la proliferación de proyectos de inversión o lo que llamamos la expansión de la economía global hacia los territorios indígenas, ricos en recursos naturales, que en el caso de los territorios mapuches se expresan en proyectos forestales o hidroeléctricos.
¿Y esto generó la protesta social mapuche?
A lo anterior se agrega un hecho de fuerza que se produjo en Lumaco, en contra de camiones de una empresa forestal. Estos dos factores, la exclusión que produce el Gobierno de la gestión en Conadi y la expansión de la economía global impuesta a territorios indígenas, sin consultas y participación, generan un descontento que determina la marginación de gran parte del movimiento mapuche, el que a su vez inicia una estrategia de protesta social, la que se ha manifestado en forma pacífica, pero que en ocasiones también ha desarrollado acciones de fuerza. Éstas, sin embargo, en lo fundamental son contra propiedades.
Las quemas de casas patronales, establos, vehículos
Sí, y estas acciones de fuerza han sido perseguidas por el Estado, judicialmente, y en particular durante el Gobierno de Lagos con la aplicación de la Ley Antiterrorista, con lo que una decena de dirigentes mapuches fueron encarcelados y juzgados. También fueron perseguidas a través de la represión policial, cotidiana y permanente. Nosotros y otros organismos hemos documentado allanamientos de comunidades, acciones de fuerza contra mujeres y niños, aplicación de torturas y en dos casos hubo acciones que terminaron con la muerte de dos comuneros, de las que son responsables agentes del Estado, carabineros en ambas ocasiones. Se trata de los casos de Alex Lemún, el 2001, y Matías Catrileo, en enero de este año.
¿Y esos casos de atropellos que denuncian los conoce el Gobierno?
Llama la atención la pasividad que han tenido los gobiernos bajo los cuales han sucedido estos hechos. No han atendido estas denuncias. Es inexplicable que la propia Presidenta Bachelet no haya escuchado las denuncias del pueblo mapuche que apuntan hacia agentes del Estado. Incluso el ministro del Interior llegó a negar la recepción de denuncias de hechos sucedidos en Ercilla en febrero, cuando documentamos casos que, a la luz del derecho internacional, pueden calificarse de torturas. No logro entender por qué un Gobierno democrático no pone atención a estos atropellos, pero cuando las denuncias de ataques a la propiedad provienen de empresarios agrícolas y sus parlamentarios, son atendidas de inmediato. Al punto que el propio ministro Edmundo Pérez Yoma vino hasta la zona a conversar con ellos. Desde que trabajamos en el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, nunca una autoridad del rango del ministro del Interior ha venido a la región a atender las denuncias por torturas, allanamientos sin órdenes judiciales o la muerte de personas.
¿Y en tribunales?
Los casos han sido llevados a la justicia. Pero los delitos cometidos por agentes policiales son investigados por la justicia militar. Esto es muy grave, según los organismos internacionales, que han pedido que esto sea reformado. Pero las reformas que están en el Congreso, aunque insuficientes, no han avanzado. Los casos denunciados por torturas han sido sobreseídos, no han determinado responsabilidades. El caso de la muerte de Alex Lemún fue sobreseído y el carabinero que disparó sigue en servicio activo. El carabinero que disparó y mató a Matías Catrileo está procesado, pero está en libertad y en servicio activo. Esto genera impunidad, que es otra forma de violencia.
El senador RN Alberto Espina, por ejemplo, dice que en la Araucanía actúan grupos paraguerrilleros, con estructura de mando, uniformados y armados. El propio ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dijo acá en Temuco que operan "subversivos"
Me llama la atención la reacción de los empresarios agrícolas y de los parlamentarios que los representan, y cómo se hace eco el Gobierno al entender esto como si fuera sólo un problema de seguridad y policial. Se trata de un problema de relaciones interétnicas, de política pública, de reconocimiento y ejercicio de derechos. Las imputaciones de que el movimiento indígena realiza acciones terroristas, que tiene estructura paramilitar, vínculos con ETA, las FARC, Lautaro, los zapatistas, incluso Al Qaeda, no han sido demostradas. Pero cada cierto tiempo están en el discurso del senador Espina y representantes del empresariado.
Pero ha habido hechos de violencia
Sí, pero han afectado principalmente al pueblo mapuche, con los allanamientos, los casos de torturas e incluso muerte. Pero sobre todo ha afectado al pueblo mapuche por la privación de sus tierras ancestrales por parte de empresarios agrícolas y ahora de sus recursos naturales por empresas forestales; ellos imponen sus proyectos de inversión sin consultas y sin participación en los beneficios. Eso genera violencia. La expansión de actividades agrícolas sobre territorios que ancestralmente pertenecieron al pueblo mapuche reconocidos en títulos de merced primero, luego en la reforma agraria es una forma de violencia que cotidianamente viven las comunidades.
Pero muchos dicen que esos proyectos traen desarrollo y empleo
La forestación en más de dos millones de hectáreas al sur del Biobío, con especies de rápido crecimiento, ha generado un impacto devastador en el pueblo mapuche. La economía forestal es avasalladora porque expulsa a la población, porque no requiere una gran cantidad de mano de obra y además produce impactos ambientales de proporciones que han sido negados. Donde se ha implantado la forestación con especies exóticas hay éxodo de población, la que va a parar a las ciudades y localidades urbanas donde se concentra la mayor pobreza del país. Si esto no es violencia, ¿qué es?
La forestal es una de las actividades de punta de la economía chilena
El Estado ha hecho la opción de avalar y expandir la economía global hacia los territorios indígenas. Esto no es diferente a lo que ocurre en el norte con los pueblos andinos, donde la minería se ha apropiado de las aguas ancestrales y también ha producido desplazamiento de indígenas hacia la costa. El Estado ha tenido una política dual hacia los pueblos indígenas: quiere resolver los problemas históricos, pero busca insertar esos territorios en la economía global.
¿Cómo se manifiesta esa dualidad?
Chile se inserta en la economía mundial con la exportación de recursos naturales, los que están principalmente en territorios indígenas. La minería que está en territorios ancestrales de los pueblos andinos, la forestación que se desarrolla al sur del Biobío; asimismo, en la salmonicultura, donde habitan los mapuches huilliches. También ahora con las hidroeléctricas con aguas dentro de territorios indígenas desde el Biobío al sur. Cada vez que el Gobierno tiene que tomar una decisión entre el respeto a los derechos indígenas y los planes de inversión de las empresas, termina privilegiando la opción de la economía global. Y es ahí donde surge la protesta social, que tiene como respuesta la represión, los allanamientos, la tortura y la criminalización. //LND
1 José Aylwin es hijo del ex presidente de la república Patricio Aylwin.
No hay comentarios:
Publicar un comentario