Falta de reparación de los crímenes del estado : prisión política, exilio, tortura, muerte y desaparición por parte de agentes del estado.
IntroducciónLos crímenes o abusos del estado son aquellos actos en que agentes o instituciones del estado actúan de forma ilegitima, impropia o ilegal en contra de algunos, todos o gran parte de los habitantes de un país. Estos abusos que pueden ser tanto físicos, morales, económicos, psicológicos o sociales, en muchas ocasiones no han sido reparados debidamente por el Estado como ocurrió con las sistemáticas violaciones a los derechos humanos acaecidas durante las décadas de los 70 y 80 en Chile.
Hoy en día se dice, casi como un cliché, que vivimos en un Estado de Derecho, en el cual las instituciones del Estado protegen a los ciudadanos que viven dentro de el, y que los organismos que ejercen la acción de este, funcionan, en concordancia con el derecho y protegen a los habitantes de nuestro país. Y aunque a muchos nos cabe la duda si esto es realmente así en la actualidad, en el pasado reciente no fue así. Durante la dictadura militar, el Estado, se mostró a la sociedad con una materialidad tremendamente opresiva y brutal, no sólo en las instituciones de orden y seguridad sino que todos los órganos del Estado actuaron conforme a la política del Estado, el cual intentaba eliminar del país a todo aquel que representara “un enemigo para la seguridad interna”.
Esta inmensa violencia se produce por la escasa capacidad de la sociedad civil para solucionar sus conflictos y entenderse, lo que llevó a ciertos grupos opositores al gobierno socialista, a complotar en contra de Salvador Allende. Estos grupos estaban formados por elementos tanto nacionales como extranjeros, y fueron responsables en gran medida del quiebre institucional; y la dictadura militar que reemplazó a este gobierno legitimo se propuso un programa de reformas estructurales, las cuales fueron llevadas a cabo gracias a políticas económicas neoliberales, a un extremo conservadurismo legal y moral, y a una fuerte política represiva la cual fue fundamentada gracias a las normas dictadas por la propia Junta de Gobierno y los organismos represivos creados por esta misma, tales como la DINA y la CNI, las que buscaban destruir a cualquier grupo opositor. Según Nelson Caucoto (2001) abogado representante de victimas de DDHH “El Estado se comprometió a la violación de los derechos humanos, estoy hablando no solo que las fuerzas armadas o las fuerzas policiales o los aparatos de seguridad que lo cometieron. Aquí tiene que ver la actividad jurisdiccional, el papel de los medios de prensa, y la utilización de todos los recursos habidos y por haber que contenía y mantenía el Estado…”
Para que un crimen de Estado se reconozca como 
tal, son necesarios acuerdos o instancias de carácter universal, externas a cada Estado que resguarden los Derechos Humanos, estos cumplen una función normativa al elevar a la humanidad por sobre la soberanía de cada Estado.
En el caso particular de nuestro país, la vida fue el principal derecho agredido durante el periodo militar, ya que a todo militante de algún partido, líderes, miembros y adeptos a partidos políticos de izquierda, es decir, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, del Partido Comunista (PC), del Partido Socialista (PS), de la Izquierda Cristiana (IC), del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), algunos miembros del Partido Radical (PR), y también algunos Demócrata-cristianos (PDC) se le secuestraba y se sometía a interrogatorios recurriendo a la tortura, mediante la cual se intentaba obtener la preciada información de dónde se ubicaban aquellos que más influencia tenían en el partido de la oposición política, que en muchos casos desenlazaba en muerte y en algunas oportunidades a la desaparición del individuo, e incluso muchas veces fallecieron niños, jóvenes, mujeres, ancianos, personas absolutamente ajenas a los partidos políticos y a la militancia en éstos.
Al finalizar este periodo, las estadísticas del Gobierno, hablaban de aproximadamente 500 a 600 muertos, cifras que gracias a declaraciones de involucrados, se sabe que están muy lejanas a las que se manejan actualmente. Sin embargo, y a pesar de que las listas han aumentado de manera considerable, aún no se logra obtener la información completa de todos aquellos que fueron víctimas fatales del golpe militar del 73, siendo de suma importancia que no sólo lo que falta es información, sino que en algunos casos ni siquiera se ha podido entregar un cuerpo a las familias afectadas (Arroyo, 1974). A raíz de esto, el Gobierno respaldándose en bases internacionales como las de la ONU, ha intentado mitigar de cierto modo el deber moral hacia las víctimas y sus familias, y de corregir la inmensa repercusión Psicosocial que tuvo en ellos, llevando así al Estado a implantar medidas compensatorias para los familiares de las víctimas del gobierno.
La repercusión social que se obtuvo de la sistemática violación de los derechos humanos por parte del Estado durante los 17 años de dictadura ocurridos en Chile fue de gran impacto. Partiendo por la violación del derecho a la vida, las muertes y desapariciones que efectuaron los agentes del Estado, desencadenaron el daño más profundo que se produjo en ese periodo, debido a la tristeza y rabia que generó en las familias de las víctimas. Esto generaba mucha ansiedad y odio en contra del orden establecido. Una gran cantidad de mujeres quedaron viudas con hijos a quienes alimentar, otros niños quedaron huérfanos, lo cual generó un cambio a nivel del núcleo familiar y económico de la sociedad, lo que plantean Elizabeth Lira y María Isabel Castillo (1991), psicólogas.
En cuanto a la violación de la integridad física, esta se manifestaba a través de las torturas, intentos de homicidio y heridas que se le aplicaban a la gente que era detenida, si es que no terminaba siendo ejecutada. La población era controlada a través del miedo, lo que les impedía organizarse y manifestarse en contra del abuso de poder que estaban ejerciendo las autoridades. De hecho, otra de las consecuencias que surgió a través de esta medida de represión fue la increíble disminución de la delincuencia. Por otro lado, el derecho a la libertad personal era violentado a través de diversas detenciones arbitrarias y selectivas durante protestas, allanamientos y secuestros. Los partidos políticos que existían previamente al golpe militar fueron declarados ilegales y las personas que se sospechaba que eran simpatizantes a alguno de ellos eran perseguidas. El gobierno controlaba incluso las horas en las que la población debía permanecer en su casa con la luz apagada al instaurar el estado de sitio. (http://www.chipsites.com/derechos/dictadura_poder_esp.html)
Siguiendo por la violación del derecho a la seguridad personal, la gente sufría de acoso y amenazas por parte de los agentes del Estado que se mantenían vigilando a todo aquel que pareciera ser enemigo del Estado y quisiera conspirar en contra de la tranquilidad nacional. También se realizaban allanamientos donde se ejecutaban todo tipo de destrucciones y robo de objetos. La población era despojada completamente de su dignidad.
Por último podemos nombrar la violación del derecho a vivir en su propia tierra, ya que muchas personas que eran consideradas un peligro para la prolongación del régimen militar eran obligadas a abandonar el país sin poder volver, abandonando a sus hijos, cónyuges, etc. Este crimen fue un suceso que afecto incluso al pueblo mapuche, ya que en las etapas iniciales de la dictadura los propietarios de terrenos, militares y carabineros los persiguieron debido a que durante la Reforma Agraria habían luchado por sus tierras y las habían recuperado. En este sentido, los campesinos también terminaron siendo víctimas de esta injusticia.
En el caso particular de nuestro país, la vida fue el principal derecho agredido durante el periodo militar, ya que a todo militante de algún partido, líderes, miembros y adeptos a partidos políticos de izquierda, es decir, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, del Partido Comunista (PC), del Partido Socialista (PS), de la Izquierda Cristiana (IC), del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), algunos miembros del Partido Radical (PR), y también algunos Demócrata-cristianos (PDC) se le secuestraba y se sometía a interrogatorios recurriendo a la tortura, mediante la cual se intentaba obtener la preciada información de dónde se ubicaban aquellos que más influencia tenían en el partido de la oposición política, que en muchos casos desenlazaba en muerte y en algunas oportunidades a la desaparición del individuo, e incluso muchas veces fallecieron niños, jóvenes, mujeres, ancianos, personas absolutamente ajenas a los partidos políticos y a la militancia en éstos.
Al finalizar este periodo, las estadísticas del Gobierno, hablaban de aproximadamente 500 a 600 muertos, cifras que gracias a declaraciones de involucrados, se sabe que están muy lejanas a las que se manejan actualmente. Sin embargo, y a pesar de que las listas han aumentado de manera considerable, aún no se logra obtener la información completa de todos aquellos que fueron víctimas fatales del golpe militar del 73, siendo de suma importancia que no sólo lo que falta es información, sino que en algunos casos ni siquiera se ha podido entregar un cuerpo a las familias afectadas (Arroyo, 1974). A raíz de esto, el Gobierno respaldándose en bases internacionales como las de la ONU, ha intentado mitigar de cierto modo el deber moral hacia las víctimas y sus familias, y de corregir la inmensa repercusión Psicosocial que tuvo en ellos, llevando así al Estado a implantar medidas compensatorias para los familiares de las víctimas del gobierno.
La repercusión social que se obtuvo de la sistemática violación de los derechos humanos por parte del Estado durante los 17 años de dictadura ocurridos en Chile fue de gran impacto. Partiendo por la violación del derecho a la vida, las muertes y desapariciones que efectuaron los agentes del Estado, desencadenaron el daño más profundo que se produjo en ese periodo, debido a la tristeza y rabia que generó en las familias de las víctimas. Esto generaba mucha ansiedad y odio en contra del orden establecido. Una gran cantidad de mujeres quedaron viudas con hijos a quienes alimentar, otros niños quedaron huérfanos, lo cual generó un cambio a nivel del núcleo familiar y económico de la sociedad, lo que plantean Elizabeth Lira y María Isabel Castillo (1991), psicólogas.En cuanto a la violación de la integridad física, esta se manifestaba a través de las torturas, intentos de homicidio y heridas que se le aplicaban a la gente que era detenida, si es que no terminaba siendo ejecutada. La población era controlada a través del miedo, lo que les impedía organizarse y manifestarse en contra del abuso de poder que estaban ejerciendo las autoridades. De hecho, otra de las consecuencias que surgió a través de esta medida de represión fue la increíble disminución de la delincuencia. Por otro lado, el derecho a la libertad personal era violentado a través de diversas detenciones arbitrarias y selectivas durante protestas, allanamientos y secuestros. Los partidos políticos que existían previamente al golpe militar fueron declarados ilegales y las personas que se sospechaba que eran simpatizantes a alguno de ellos eran perseguidas. El gobierno controlaba incluso las horas en las que la población debía permanecer en su casa con la luz apagada al instaurar el estado de sitio. (http://www.chipsites.com/derechos/dictadura_poder_esp.html)
Siguiendo por la violación del derecho a la seguridad personal, la gente sufría de acoso y amenazas por parte de los agentes del Estado que se mantenían vigilando a todo aquel que pareciera ser enemigo del Estado y quisiera conspirar en contra de la tranquilidad nacional. También se realizaban allanamientos donde se ejecutaban todo tipo de destrucciones y robo de objetos. La población era despojada completamente de su dignidad.
Por último podemos nombrar la violación del derecho a vivir en su propia tierra, ya que muchas personas que eran consideradas un peligro para la prolongación del régimen militar eran obligadas a abandonar el país sin poder volver, abandonando a sus hijos, cónyuges, etc. Este crimen fue un suceso que afecto incluso al pueblo mapuche, ya que en las etapas iniciales de la dictadura los propietarios de terrenos, militares y carabineros los persiguieron debido a que durante la Reforma Agraria habían luchado por sus tierras y las habían recuperado. En este sentido, los campesinos también terminaron siendo víctimas de esta injusticia.
Una vez que volvió la democracia a nuestro país, surgió la necesidad de esclarecer lo sucedido y ofrecer algún tipo de reparación a las víctimas, esto se concretizó en dos informes:
• El informe Rettig
• El informe Valech
La Comisión Rettig (..)se creó con el objetivo de:
- Establecer un cuadro con todos los antecedentes y circunstancias, de los hechos de violación a los derechos humanos a los cuales fueron victima.
- Recopilar información, acerca de los paraderos de cada uno de los afectados individualizando el proceso.
- Incluir medidas de reparación y reivindicación que la justicia estime conveniente.
- Añadir el respaldo legal que impida que nuevos hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos vuelvan a suceder en nuestro país.
Estos objetivos son fundamentales para la reparación y conocimiento de la verdad, de todos los participantes que fueron victimas de violencia y violación de sus derechos humanos. Estas medidas de reparación sirven para la recuperación del impacto emocional del cual fueron victimas los participantes. El conocimiento de verdad y justicia es de suma trascendencia para el proceso restaurativo de todas las familias afectadas, pudiendo de cierta medida reponer el daño provocado y evitando que todos estos hechos vuelvan a ocurrir (IIDH, 2006)
El principal valor de este informe es que reconoce que el Estado tiene responsabilidad moral en los crímenes cometidos durante el gobierno militar, es decir como señala Nelson Caucoto (2001) “El informe Rettig, uno tiene que valorarlo en lo que es, mas que en su materialidad en su simbolismo. Yo valoro el informe Rettig en lo que significa, que hay un reconocimiento del Estado, que el propio Estado afectó gravemente los derechos de los chilenos…”
La justicia hace mención a la sanción de los culpables y a la restauración basada en la mediación y en las formas de reparación del daño, aunque muchas veces la reparación de daños para los familiares y victimas no puede ser completa, pues no pueden ser devueltas personas muertas o desaparecidas, ni mucho menos borrar de la memoria colectiva el dolor y la violencia a la que fueron victimas, si es importante darles apoyo y una reintegración social.
• El informe Rettig
• El informe Valech
La Comisión Rettig (..)se creó con el objetivo de:- Establecer un cuadro con todos los antecedentes y circunstancias, de los hechos de violación a los derechos humanos a los cuales fueron victima.
- Recopilar información, acerca de los paraderos de cada uno de los afectados individualizando el proceso.
- Incluir medidas de reparación y reivindicación que la justicia estime conveniente.
- Añadir el respaldo legal que impida que nuevos hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos vuelvan a suceder en nuestro país.
Estos objetivos son fundamentales para la reparación y conocimiento de la verdad, de todos los participantes que fueron victimas de violencia y violación de sus derechos humanos. Estas medidas de reparación sirven para la recuperación del impacto emocional del cual fueron victimas los participantes. El conocimiento de verdad y justicia es de suma trascendencia para el proceso restaurativo de todas las familias afectadas, pudiendo de cierta medida reponer el daño provocado y evitando que todos estos hechos vuelvan a ocurrir (IIDH, 2006)
El principal valor de este informe es que reconoce que el Estado tiene responsabilidad moral en los crímenes cometidos durante el gobierno militar, es decir como señala Nelson Caucoto (2001) “El informe Rettig, uno tiene que valorarlo en lo que es, mas que en su materialidad en su simbolismo. Yo valoro el informe Rettig en lo que significa, que hay un reconocimiento del Estado, que el propio Estado afectó gravemente los derechos de los chilenos…”
La justicia hace mención a la sanción de los culpables y a la restauración basada en la mediación y en las formas de reparación del daño, aunque muchas veces la reparación de daños para los familiares y victimas no puede ser completa, pues no pueden ser devueltas personas muertas o desaparecidas, ni mucho menos borrar de la memoria colectiva el dolor y la violencia a la que fueron victimas, si es importante darles apoyo y una reintegración social.
El informe Valech surgió cuando el ex presidente Ricardo Lagos dispuso de la creación de esta comisión, que tendría la calidad de órgano asesor del Presidente de la República (www.comisiónprisionpoliticaytortura.cl)
Fue un intento de suplir las carencias del informe Rettig que sólo contemplaba los casos de quienes habían fallecido, por lo que en este informe se abarcan los casos de tortura y privación de libertad a mano de agentes del Estado o de personas a su servicio, el cual comprende el período entre el 11 de septiembre de 1973 al el 10 de marzo de 1990. La comisión encargada del informe además tenía como fin proponer medidas de reparación para las víctimas. El informe concluyó a partir de 35.000 testimonios que 28.459 personas fueron víctima de prisión política y tortura, del total de personas 1.244 eran menores de 18 años y de éstas 176 menores de 13 años, mientras que el 12,72% que equivale a 3.621 personas, son mujeres (www.comisiónprisionpoliticaytortura.cl).
Desde la posición del Estado y en palabras del presidente de la Republica durante la ejecución de dicho informe, este es parte de los actos más importantes para reparar a las víctimas de su dolor, plantea que con él “se desterró el olvido, se ha reivindicado la dignidad de cada uno de ellos…no se trata sólo de horrores cometidos hace 31 años, se trata de también de daños que permanecen hasta el día de hoy”, como el informe lo señala "la experiencia de la prisión política y la tortura representó un quiebre vital que cruzó todas las dimensiones de la existencia de las víctimas y de sus familias, y que las acompañan hasta el presente". Por lo que el informe Valech tiene una función social al asumir por parte del estado las responsabilidades pertinentes, apelando a la justicia y la subsanación moral y recuperación de la dignidad por parte de las víctimas en el reconocimiento de lo sucedido, en palabras de Ricardo Lagos (2004), “para nunca más vivirlo, nunca más negarlo”. En este marco expuesto de sanar las heridas y no reabrirlas se presentaron medidas de reparación para las víctimas, dentro de estas se contemplan tres clases:
Medidas Institucionales: Dentro de las cuales se vislumbra la creación del instituto Nacional de Derechos Humanos, a fin de respetar dichos derechos, además de asegurar la educación, la salud (programa PRAIS) y la vivienda mediante un acceso preferencial.
Medidas Simbólicas y colectivas y Jurídicas: Las cuales apuntan al reconocimiento Moral del estado sobre tales hechos
Medidas de Reparación individual: En las cuales se contempla una pensión a fin de mejorar la calidad de vida para las víctimas, la cual corresponde al valor aproximado de 112 mil pesos mensuales.
Tales medidas pretenden “reparar” desde cierta perspectiva a las víctimas en su dolor, las cuales son un gran acercamiento al pesar de los detenidos y torturados dentro del periodo que abarca la dictadura militar, sin embargo surge la interrogante de si tales medidas logran ser compensatorias apuntando a subsanar el dolor de las víctimas de tales crímenes del Estado o en la recuperación de la dignidad, tras el atropello de los derechos humanos. Puede ser ingenua tal interrogante, pero es necesario objetivizar y exponer tal dimensión, es así como resulta lógico pensar que lo acontecido está por sobre tales medidas, ya que continúa en la memoria de las miles de personas que fueron víctimas de la dictadura, secuelas que trascienden el reconocimiento público de lo ocurrido o las medidas compensatorias monetarias, debido a que nos encontramos de frente con las consecuencias de un daño que se apropia de los niveles más íntimos del ser humano, frente a una dimensión moral y ética, de cara con personas torturadas (el 94% de los detenidos señalan que fueron objeto de torturas), con mujeres violentadas sexualmente (de las 3400 mujeres que entregaron testimonio, casi todas señalaron ser objeto de alguna violencia sexual), (Informe Valech, 2004).
Fue un intento de suplir las carencias del informe Rettig que sólo contemplaba los casos de quienes habían fallecido, por lo que en este informe se abarcan los casos de tortura y privación de libertad a mano de agentes del Estado o de personas a su servicio, el cual comprende el período entre el 11 de septiembre de 1973 al el 10 de marzo de 1990. La comisión encargada del informe además tenía como fin proponer medidas de reparación para las víctimas. El informe concluyó a partir de 35.000 testimonios que 28.459 personas fueron víctima de prisión política y tortura, del total de personas 1.244 eran menores de 18 años y de éstas 176 menores de 13 años, mientras que el 12,72% que equivale a 3.621 personas, son mujeres (www.comisiónprisionpoliticaytortura.cl).
Desde la posición del Estado y en palabras del presidente de la Republica durante la ejecución de dicho informe, este es parte de los actos más importantes para reparar a las víctimas de su dolor, plantea que con él “se desterró el olvido, se ha reivindicado la dignidad de cada uno de ellos…no se trata sólo de horrores cometidos hace 31 años, se trata de también de daños que permanecen hasta el día de hoy”, como el informe lo señala "la experiencia de la prisión política y la tortura representó un quiebre vital que cruzó todas las dimensiones de la existencia de las víctimas y de sus familias, y que las acompañan hasta el presente". Por lo que el informe Valech tiene una función social al asumir por parte del estado las responsabilidades pertinentes, apelando a la justicia y la subsanación moral y recuperación de la dignidad por parte de las víctimas en el reconocimiento de lo sucedido, en palabras de Ricardo Lagos (2004), “para nunca más vivirlo, nunca más negarlo”. En este marco expuesto de sanar las heridas y no reabrirlas se presentaron medidas de reparación para las víctimas, dentro de estas se contemplan tres clases:
Medidas Institucionales: Dentro de las cuales se vislumbra la creación del instituto Nacional de Derechos Humanos, a fin de respetar dichos derechos, además de asegurar la educación, la salud (programa PRAIS) y la vivienda mediante un acceso preferencial.
Medidas Simbólicas y colectivas y Jurídicas: Las cuales apuntan al reconocimiento Moral del estado sobre tales hechos
Medidas de Reparación individual: En las cuales se contempla una pensión a fin de mejorar la calidad de vida para las víctimas, la cual corresponde al valor aproximado de 112 mil pesos mensuales.
Tales medidas pretenden “reparar” desde cierta perspectiva a las víctimas en su dolor, las cuales son un gran acercamiento al pesar de los detenidos y torturados dentro del periodo que abarca la dictadura militar, sin embargo surge la interrogante de si tales medidas logran ser compensatorias apuntando a subsanar el dolor de las víctimas de tales crímenes del Estado o en la recuperación de la dignidad, tras el atropello de los derechos humanos. Puede ser ingenua tal interrogante, pero es necesario objetivizar y exponer tal dimensión, es así como resulta lógico pensar que lo acontecido está por sobre tales medidas, ya que continúa en la memoria de las miles de personas que fueron víctimas de la dictadura, secuelas que trascienden el reconocimiento público de lo ocurrido o las medidas compensatorias monetarias, debido a que nos encontramos de frente con las consecuencias de un daño que se apropia de los niveles más íntimos del ser humano, frente a una dimensión moral y ética, de cara con personas torturadas (el 94% de los detenidos señalan que fueron objeto de torturas), con mujeres violentadas sexualmente (de las 3400 mujeres que entregaron testimonio, casi todas señalaron ser objeto de alguna violencia sexual), (Informe Valech, 2004).
El desarrollo de este periodo no dejó a nadie indiferente, estuviera a favor o en contra de este régimen dictatorial. Este fenómeno repercutió en toda la sociedad y esto aún se hace notar a través de la profunda división que existe entre los chilenos y la mala convivencia que se genera cada vez que el tema es conversado. Tales vivencias se extrapolan a la vida social y política en Chile actualmente, ya que fue o aún es, un acontecimiento de tal envergadura que involucra a cada uno de los Chilenos hoy en día, ya que por muchos años, esta historia permaneció entre las sombras. A partir de esto es que creemos que es un problema psicosocial en Chile que atañe los tiempos actuales, ya que de tal suceso y heridas, hay un circulo que afecta no sólo a las víctimas directas, sino que involucra a familias y amigos, lo que se materializa en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; en palabras de Mireya García, miembro de la agrupación, los detenidos desaparecidos más allá de ser personas transgredidas por los crímenes de estado son “nuestros seres amados, nuestros esposos y esposas, nuestros hijos e hijas, nuestros padres y madres, nuestros hermanos y hermanas, abuelos, tías, sobrinos, partes de nuestra familia y de la sociedad” (www.memoriaviva.com/testimonios.htm).El establecimiento de la justicia y la verdad sobre los hechos es esencial para alcanzar la reconciliación tan deseada, y que puede reparar en alguna medida el daño causado…
Referencias
Arroyo, G. (1974). Golpe de estado en Chile. Salamanca: Sígueme.
IIDH, (2006). Verdad, Justicia y Reparación. Bogota: Editorial Ibañez.
Informe Valech, (2004). http://www.comisiontortura.cl/listado_informes.html
Lira, E. y Castillo M.(1991), Psicología de la Amenaza y del Miedo, ILAS.
Caucoto, N. (2001)http://www.fasic.org/doc/25anos02.htm
Lagos, R. (2004), http://www.comisiontortura.cl/
Human Rights in Chile - The Legacy. Consultado en Septiembre 12, 2008 en http://www.chipsites.com/derechos/dictadura_poder_esp.html.
Ministerio del Interiorindex. Consultado en Septiembre 12, 2008 en http://www.comisionprisionpoliticaytortura.cl/.
No hay comentarios:
Publicar un comentario